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Coincidiendo con el inicio del nuevo curso, en que los padres de los niños que los envían a las escuelas públicas se tendrán que rascar el bolsillo por valor de unos 700 u 800 euros- nos gustaría saber quien hace estos cálculos tan precisos, seguramente por sondeos a pie de colegio- y los que van a los elitistas, el doble, los viejos temas surgen renovados, como si el sopor que provoca la canícula los hubiera mantenido desactivados, de la misma manera que yacen en múltiples fosas comunes los huesos sin identificar de miles de cadáveres que lo fueron gracias al odio fraternal y que ahora el juez Garzón intenta ponerles nombre para que sus familiares, y en general todo el mundo, apruebe esa asignatura pendiente, que lo es, porque sigue estando encima de la mesa.Suponemos que el asunto es inviable porque no está todo el mundo de acuerdo con su realización, se le van poner muchas trabas, es muy costoso, sobre todo teniendo en cuenta la precariedad de medios de la Justicia española, que no es capaz, por ejemplo, de controlar a los pederastas que andan sueltos, y no están incluidos los asesinados por el otro bando.

Exponemos algunas de las reacciones ante el macroproyecto: Así el eurodiputado Mayor Oreja califica de disparate el propósito de Garzón. Rajoy afirma que abrir las heridas del pasado no conduce a nada.  Fraga: “Del otro lado hubo muchas más barrabasadas, como es absolutamente obvio”.  Alberto Ruiz Gallardón se muestra dispuesto a cooperar con la justicia González Pons ha señalado que los familiares “tienen todo el derecho del mundo” a saber el paradero de los suyos, y a que la Administración les ayude a encontrarlos, con dignidad y respeto.Como se ve, hay distintas sensibilidades en unos dirigentes tan señalados del PP, desde la del extremista Sr. Mayor, la de don Manuel, el de las dudosas obviedades, hasta la de los más moderados señalados en último lugar.

Y como ejemplo de la diplomacia vaticana, la que la ha hecho pervivir 2.000 años y pico, la actitud de la Iglesia que no es que  se niegue a colaborar aunque podría hacerlo ya que según los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, la Administración debe “proteger y respetar” los archivos y registros eclesiales, sino que hace más ardua la labor pues el Episcopado remitirá a Garzón a cada una de las 22.827 parroquias que tienen archivos relacionados con los represaliados por el franquismo o, en último caso, a los obispos de las 70 diócesis españolas, para que sean ellos quienes le faciliten la información que, además, pocos datos podrían aportar: exclusivamente la fecha de la muerte de los asesinados, insistimos, de un solo bando.

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