La Audiencia Nacional o un juzgado de lo Penal de Irán va a decidir si el caso del chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún,, los tres imputados —el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo,el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el entonces inspector de Vitoria José María Ballesteros— pudieron cometer el delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta 10 años de cárcel. Si deciden que sí, el caso permanecería en la Audiencia. Si es que no, viajaría a Irún y quedaría sensiblemente descafeinado con penas de hasta tres años de cárcel.
Antes de que la justicia decida el catedrático Agapito se lanza a la arena desde Libertad Digital y en donde llama chulo en su actitud a Antonio Camacho:
“El ministro del Interior pone en duda que se produjera el chivatazo a la ETA en el bar Faisán. Resulta muy sintomático de la deriva socialista. Mientras que algunos analistas políticos ven en el caso Faisán el cierre, e incluso la explicación final de las complejas y perversas relaciones entre algunos jueces y el Gobierno socialista, vinculaciones que además podrían conducirnos a la clarificación del mayor atentado político contra nuestra democracia, el 11-M, el ministro del Interior, Antonio Camacho, y antiguo número dos de ese ministerio cuando se produjo el chivatazo, niega con vehemencia y rotundidad que el hecho del chivatazo esté probado. Eso se llama chulería.
Hay una distancia tan abismal entre la posición de los periodistas y, sobre todo, del juez instructor, Pablo Ruz, por un lado, que considera los hechos del Faisán como un caso flagrante de colaboración con banda armada, y la actitud del actual ministro del Interior, por otro lado, que no acepta en modo alguno que esté probado el chivatazo, que uno no puede dejar de eludir la pregunta: ¿o mienten todos los que están investigando el caso Faisán o la posición de Camacho es una huida hacia delante, o sea, un intento de defenderse antes de haber sido juzgado? Más aún, no creo que quepa una pregunta más dramática para la democracia que la siguiente: ¿el caso Faisán podría quedar en nada si lo que dice Camacho es verdad: «La base probatoria del Faisán es lo que dice un presunto miembro de la banda»?»
Y ve así ABC la marcha de los acontecimientos: “La irrupción del Pleno es, sencillamente, inexplicable desde el punto de vista jurídico. El momento procesal no la justifica (…) Por eso, la decisión de Javier Gómez Bermúdez de convocar el Pleno para resolver unos recursos que debía decidir la Sección Segunda tiene toda la apariencia de una maniobra politizada, destinada a torcer el curso previsible de este caso”.
Y como Gómez Bermúdez anda por medio, Pedro Jota y Losantos resucitan de nuevo el 11-M, lo que aprovechan para insultarlo de nuevo. Así Losantos lo llama “Ruberbermúdez, su guardajuez”, vendido como está a las arcas –o los encantos, que no lo dice- del candidato socialista”. Más solemne se muestra Pedro José Ramírez Codina:
“Yo acuso al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; de inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas de la prueba pericial por él mismo encargada; de incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían ‘caminito de Jerez’; de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos al colaborar con el libro de su esposa sobre el juicio; y de manipulación política al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza”.
Mientras tanto Ignacio Escolar se mete en estas suposiciones:
«Supongamos que hubo un chivatazo en el Faisán que alertó al dueño del bar de una inminente redada. Supongamos que los chivatos fueron los mandos policiales que están imputados. Supongamos, ya puestos, que lo hicieron para proteger a un confidente, o incluso –como acusa el PP, pese a que la operación se llevó a cabo un mes después– que fue una maniobra del Gobierno dentro del proceso de paz. Mi pregunta: unos policías que miran cada día bajo su coche por si hay una bomba de ETA, que llevan toda la vida deteniendo a etarras y que, incluso si estos supuestos se cumplen, lo que buscaban –vía confidentes o vía negociación– era el fin de ETA, ¿pueden ser condenados por colaborar con ETA?»
