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No estamos seguros de que sea una buena idea el dar tanta información sobre el fenómeno terrorista español y sus cercanías, pero como todavía nadie ha dicho taxativamente que esto les beneficia pues ahí está toda la prensa española, europea y sudamericana haciendo recuento de las bombas que van poniendo en el solar patrio, las últimas en los territorios que ellos quieren liberar. Dicen que estas tres últimas han sido una respuesta al encarcelamiento de la alcaldesa arrasateña.

Si ayer nos hacíamos eco del ascenso económico-laboral de Zaplana y de la facilidad que tenía la derecha para olfatear los chollos, según los oráculos andaluces Chaves y Guerra, hoy y como la alegría va por barrios, nos fijamos en David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa que va a proteger los intereses de la patronal que agrupa a las grandes constructoras de España (Seopan) en pleno derrumbe de la industria del ladrillo y que fue uno de los principales interlocutores entre el Gobierno y el sector inmobiliario al inicio de la crisis, cuando se negoció el paquete de medidas, entre las que se encuentran los préstamos blandos del ICO y el aumento de gasto público en infraestructuras. ¿No habrá que aplicar algún tipo de incompatibilidad? ¿No habrá aquí algún tipo de información privilegiada?

Venimos observando últimamente que las leyes que se aprueban el Parlamento en muchos casos al llegar a las comunidades autónomas y más si son de partidos distintos al que gobierna suelen quedar en agua de borrajas y torpedeadas una y otra vez por el virrey de turno. Ponernos a enumerarlas supera ampliamente el espacio dedicado a este post, más todo se andará porque esta actitud da a veces la razón a los que quieren un Estado centralista fuerte y no el desgobierno autonómico centrifugador.

Pero no solamente son las comunidades autónomas, también los tribunales dictan jurisprudencia para la aplicación de algunas, así el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulas este miércoles tres expresiones y una frase de los decretos de 66 folios de la Junta que desarrollan los contenidos de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía .Tres magistrados, Enrique Gabaldón, hijo del presidente de honor del Foro de la Familia, Victoriano Valpuesta y Joaquín Sánchez Ugena, consideraron que la asignatura adoctrina sobre la ideología de género. Entienden que la regulación de Ciudadanía coloca esta expresión en vez de la constitucional de sexo, y la define así: “La teoría de que a los seres humanos no nos define como personas el sexo, sino la opción sexual elegida”. De ello se desprende un reproche a la tolerancia de los contenidos de EpC hacia la homosexualidad. La materia educa en la no discriminación de gays y lesbianas. Pero… ¿no había quedado ya derogada la Ley de Vagos y Maleantes?. De todo esto se desprende además mucho rizamiento de rizo, demasiado importancia a las palabras(matrimonio/unión de hecho), etc, excesivo interés en imponer a los demás la ideología propia, por supuesto mejor que la de los demás, mediante artificios verbales que no se puén aguantá, como dice por tierras de María Santísima en donde se ha producido la enésima contestación a la Ley que se otorgaron los ciudadanos.

Así que en el Supremo nos veremos. La duda que se plantea es que si a pesar de todo este maremágnum la asignatura va a comenzar a darse en septiembre

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