Socio Politica .com

En el post anterior hablábamos de varios personajes o entes muy significativos como el Nobel Saramago, Carmen Negrín, Amnistía Internacional, etc que se habrían roto la camisa si fueran gitanos o habríanse rasgado las vestiduras si fuesen fariseos. Lo que han hecho muy educadamente es manifestar su estupor porque a don Baltasar se la quieran liar parda.

Aprovechando que el Sur está haciendo de Norte-pero de Norte de Europa- y que está haciendo lo posible por dejar en evidencia algo que pocos discuten como  el calentamiento global, nos tiene recluidos a la espera de que el Madrid no “pinche” en Jerez y hemos buscado alguno de los muchos que quieren ver al Juez Estrella sentado en el duro banco de los presuntos reos y con dos hemos tenido bastante: Federico Quevedo, de El Confidencial, y Pío Moa, de muy interesante pasado, y que en la actualidad forma parte de las huestes de Losantos, en Libertad Digital.

Expurgo del primero una serie de interrogantes retórico que harán las delicias de don Luciano Varela, el  mismo que se las ha hecho a si mismo, en compañía de otros:

“¿Puede un juez abrir un proceso sumarial para el que no tiene competencias y escabullirse de las consecuencias? ¿Puede un juez recibir dinero de un banco –el Santander- sobre el que tiene que tomar una decisión judicialmente grave para esa entidad? ¿Puede un juez permitir que se graben conversaciones entre clientes y abogados sin mediar la premura de la lucha contra el terrorismo? ¿Puede un juez irse de cacería con las partes implicadas en un caso claro de persecución política? ¿Puede un juez ver como partes importantes de ese sumario se filtran a la prensa sin hacer nada para evitarlo? ¿Puede un juez, en definitiva, instruir un sumario contra un partido político del que ha sido adversario y además lo ha dicho en público? ¿Puede un juez que ha participado de la política volver a la judicatura? Todas esas son las cuestiones que, de alguna manera, se están poniendo sobre la mesa en la causa que contra Garzón se instruye en el Supremo, y por eso es tan importante el auto del juez Luciano Varela: ha puesto el dedo en la llaga de la realidad que rodea a Garzón al señalar la presunta prevaricación que rodea todos sus actos, y al establecer que como ocurriría con cualquier otro imputado en una causa debe ser apartado de su cargo. ¿No exigimos lo mismo cuando se imputa a un responsable político?

Parecido espacio y recortando-el libelo está íntegro en la edición de hoy de Libertad Digital- lo de don Pío:

“Es dudoso que en un país realmente democrático se hubiera permitido a Garzón continuar en la carrera judicial después de muchas de sus actitudes, incluyendo su posterior apoyo a la colaboración del Gobierno con la ETA. Pues a pesar del asunto GAL, Garzón ha permanecido como un juez de partido, es decir, antidemocrático, lo mismo que el que juzgó (es un decir) el 11-M y quiso hacer negocio familiar con él.
En su papel de juez de partido, Garzón se sumó luego a la farsa totalitaria de la Memoria histórica, es decir, a la apología de la cheka, presentando como víctimas y mártires de la libertad a muchos de los peores criminales de nuestra historia reciente. Entonces se le exigió investigar a Santiago Carrillo por el crimen de Paracuellos, la mayor matanza de prisioneros durante la guerra civil, y el juez estrella rehusó hacerlo con argumentos que luego desdeñó para dedicarse a los “crímenes del franquismo”, saltando por encima, además, de las leyes al efecto, incluyendo la franquista que declaraba extintas las responsabilidades de la guerra y la de amnistía de la democracia.
A esto se llama corrientemente prevaricación, y ahora ha sido encausado por ella. Y declara indignado el “sindicato del crimen” (vale la pena devolverle la pelota): “La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen (…) lleva camino de consumarse”. Ahí comete El País dos serios errores. El primero es que quien parece (y ojalá sea así) que va a sentar en el banquillo al juez estrella no es heredero ideológico del franquismo, sino del antifranquismo izquierdista (“Jueces para la democracia”), aunque el hecho resulte una verdadera sorpresa. El segundo error consiste en hablar de investigaciones sobre los crímenes del franquismo. No hay tal investigación, sino, como acabamos de ver, un intento, en el terreno de la propaganda totalitaria pura y dura, de ensalzar a los asesinos del Frente Popular. De investigar los crímenes de uno y otro bando solo pueden encargarse, a día de hoy, los historiadores, que por cierto han, hemos, sacado a la luz las inconsistencias de la propaganda del gobierno y sus intelectuales orgánicos, tanto en relación con las cifras de muertos como, fundamentalmente, en cuanto a la pretensión de que el Frente Popular defendía la democracia y la república, cuando hoy está sobradamente claro que fue dicho Frente quien destruyó la legalidad republicana y ocasionó con ello, deliberadamente, la guerra civil. Por cierto que El País, como corresponde a su ideología, ha procurado por todos sus medios la censura de estas investigaciones independientes.

Comparte este artículo