El 23 de febrero de 1981 en España, también conocido como 23-F, fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado fundamentalmente por algunos mandos militares, cuyo episodio más conocido fue el asalto al Congreso de los Diputados por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, durante la sesión de votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD.
En la actualidad parece que las circunstancias no están del todo esclarecidas, por lo menos para el semanario alemán ‘Der Spiegel’ que afirma que el Rey Juan Carlos mostró «comprensión, cuando no simpatía» con los cabecillas del golpe de Estado del 23-F, basándose en las palabras del embajador alemán, que por entonces estaba al servicio de su país en Madrid, Lothar Lahn, y que quedaron reflejadas en un despacho enviado a su Ministerio de Exteriores el 26 de marzo de aquel año. Ahora ese despacho ha sido desclasificado por las autoridades alemanas. Ni para los separatistas catalanes de ERC que afirman que «no puede ser que los ciudadanos se enteren del papel del Rey en aquel episodio a través de los archivos alemanes y no de los españoles ni que la «carpeta del 23-F se cierre en falso» y se impida a los españoles conocer la verdad”.
Hoy 23-F también los “indignados” del 15-M quieren aprovechar la notoriedad de esta fecha convocando una manifestación porque “si en aquel 1981 se intentó un golpe de Estado que por fortuna no cuajó, en los últimos tiempos la política nos ha llevado a un golpe de Estado financiero que sí ha cuajado sobradamente, incluso antes de la llegada del PP al poder”
También se ha aprovechado de la fecha el Tribunal Supremo: hoy entra en vigor la sentencia que inhabilita al juez Garzón durante 11 años para el cargo de juez o magistrado por intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el «caso Gürtel» mantuvieron en prisión con sus abogado, algo que ha conmocionado al mundo judicial en España y parte del extranjero, amén de la progresía patria.
Suma y sigue: el 23-F de 1983 Rumasa, el grupo de empresas españolas propiedad de la familia Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, en virtud del Decreto-Ley 2/1983, por razones de utilidad pública e interés social, fue intervenida, algo que afectó a más de 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 60.000 personas.
Hoy, 23-F de 2012, la familia Ruiz Mateos sigue coleando. Al parecer han desaparecido unos 700 millones de euros en pagarés que mucha gente había comprado por los elevados intereses -¿un 10 % ¿- que prometían. Hasta un cura catalán invirtió 200.000 euros de la parroquia, que ya se dan por perdidos. El Obispo lo ha destituido. Y de momento los seis hijos del patriarca roteño no pueden salir de España porque el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, así lo ha decretado, con la obligación, además, de comparecer cada quince días en dependencias judiciales. La culpa es de una denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.
Parece que en España hay afición a las fechas emblemáticas. Por ejemplo un 20 de Noviembre mueren Franco y José Antonio Primo de Rivera o Zapatero convoca elecciones generales también un 20-N. Parece que a los políticos de signo contrario a los que promovieron el Golpe de Estado son algo mitómanos con las fechas o los símbolos de aquellos: ¿quién ha olvidado el crucero que hizo Felipe González a bordo del yate Azor?, todo ello para regocijo de la carcundia…, palabreja que no recoge el DRAE, aunque sí Manuel Seco en su diccionario.
Tengo para mí que el 23-F es una buena excusa para no hablar del varapalo que los nazis de España (léase ERC, PNV y demás raza superior, aunque tamnbién mortal, es decir, susceptibles de palmarla como el que más))se están llevando en el Congreso. Espero que siga la racha y que España termine por aplastar esos reductos de serpientes para bien de futuras generaciones.