Los presupuestos de 2015 seguirán abriendo cada vez más la brecha existente entre los desheredados de este país y el resto, de manera que el Estado, cada vez menos el papá Estado y más el padrastro Estado va a destinar solo 3 euros a cada persona de las atendidas por los servicios sociales, y eso que esos mismos Presupuestos Generales reconocen que existen casi 1,5 millones más de personas atendidas en los servicios sociales que han pasado de 6.874.312 personas a 8.319.124 (un incremento del 18%).
A pesar de es incremento el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales –que es la partida destinada a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales-, se mantiene en 27.413.730 €, que divididos por esos 8 millones y pico de persona dan esos paupérrimos 3 euros con que la Administración General del Estado colabora con las entidades locales.
Además 176.667 personas seguirán sin recibir las prestaciones y servicios a los que tiene derecho por su situación de dependencia: las partidas para el Sistema de Atención a la Dependencia se mantienen, asimismo, congeladas en 2015, tras el importante recorte de 285 millones de euros por la supresión del «nivel acordado» y la reducción del 13% en el «nivel mínimo» que se produjo en el anterior ejercicio. Y solo esas personas recibirán prestaciones a partir del ahorro que genere la baja en el Sistema por fallecimiento de algunos de sus actuales beneficiarios, supeditación que no deja de tener un punto de crueldad y de mal agüero para los que reciben la prestación.
Simultáneamente toda esa inmensa masa de desfavorecidos contempla con desesperación y estupor la corrupción generalizada que campa a sus anchas en los territorios de ese Estado y que no logra ser frenada por el estamento judicial, el encargado por la Constitución vigente. Es más, se da la paradoja de que si algún juez osa meter el bisturí en tamaña putrefacción, acaba siendo expulsado de la carrera judicial, caso de Garzón o de Elpidio Silva, con la excusa de que al instruir no son cuidadosos con las formas, lo que produce, a juicio de algunos de sus juzgadores -se impone la mayoría simple- una discutible prevaricación.
El último caso de corrupción al que asiste atónito el país, y más aquellos que han sido despojados de los ahorros de toda su vida – caso de la mayoría de preferentistas- es el llamado «caso tarjetas opacas» de Caja Madrid, alguno de cuyos 86 directivos -Blesa en concreto- llegó a gastarse más de 10.000 euros en vinos y cavas en una tienda en Madrid a lo largo del periodo investigado. Además, se pagó caros viajes, como un safari a Sudáfrica que le costó más de 9.000 euros, comidas en restaurantes madrileños de postín, como el Jockey o el Horcher. De media, Blesa hacía uso de unos 54.600 euros ‘opacos’ al año, cuando su sueldo entre 2003 y 2010 ascendió a casi 20 millones de euros- su retribución anual se situaba en los 2,4 millones de euros-, según la documentación judicial. Toda una máquina de gastar dinero ajeno este compañero de pupitre de Aznar que no sabemos si seguirá poniendo la mano en el fuego por él, aunque en este país de caraduras y de farsantes todo es posible…
Pero no solo hay «desahogados» del PP entre estos 86 directivos de Caja Madrid -algunos han devuelto el dinero- : los hay del PSOE, de IU y ¡sindicalistas!. Así el consejero de CCOO Francisco Baquero se «pulió» 266.400 euros en mobiliario doméstico, electrodómesticos y en restaurantes de lujo…
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