Cada vez más cerca la aplicación del articulo 155 de la Constitución española porque además del aviso de Duran i Lleida a Rajoy en el Comgreso: “va a encontrar con una declaración unilateral de independencia que algunos van a hacer en el Parlament – ,hoy nos adelantan en EL Mundo, a través de la clara pluma de Casimiro García-Abadillo- el plan que se va a sacar de la chistera el, a juicio de Corcuera, desleal (porque incumple la Constitución) Artur Mas.
En este osado plan rompe la coalición con la Uniò de Duran i Lleida que sustituye por una gran coalición electoral con ERC en la que también entrarían los elementos nacionalistas del PSC y, como número tres de la lista, el exentrenador del Barça, Pep Guardiola.
En el plan también aparece la convocatoria del referéndum independentista para el próximo 11 de septiembre, el día en el que se celebra la Diada, una convocatoria que se haría antes de terminar este año. Junto con esta llegaría la entrada de ERC en el gobierno, preparando la futura coalición electoral. A continuación Mas convocaría elecciones plebiscitarias, que se celebrarían en la primavera de 2015, a la que Mas se presentaría comandando una gran lista de concentración nacional, con Oriol Junqueras de número dos, el socialistas Joaquim Nadal como cuatro y, la gran novedad, Pep Guardiola de tres junto a personajes reconocidos y populares de distintos ámbitos, con lo que creen podrían alcanzar una mayoría abrumadora en el parlamento catalán, alrededor de los 90 escaños.
Este panorama acelera la dinámica secesionista expresada además por el radical Oriol Junqueras que aspira a romper su vinculación con España y formar un Estado propio mediante una declaración unilateral de independencia en la cámara legislativa catalana con lo que se estaría dando el supuesto más extremo de atentado al “interés general de España” lo que obligaría, primero, que el Gobierno requiriese al presidente Mas y, segundo, en caso de que se desoyese el requerimiento, el Ejecutivo plantease ante el Senado (artículo 189 de su Reglamento) la adopción de medidas de intervención en Cataluña para la “protección del interés general” tal y como prevé el artículo 155 de la Constitución cuya aplicación no supone la suspensión de la autonomía de la comunidad que atente contra el interés general de España, sino medidas de intervención gubernamentales como remoción del gobierno autonómico, disolución de su parlamento y convocatoria posterior de nuevas elecciones que deben ser presentadas al Senado, debatidas en un pleno en el que intervendrían también representantes de la autonomía concernida por ellas y que se aprobarían por mayoría absoluta, aunque antes de la aplicación por el Gobierno del artículo 155 se teine que producir un requerimiento gubernamental al presidente de la comunidad infractora y la acreditación ante el Senado de que dicho requerimiento también habría sido desoído.
Antes de que se produjese esa eventual declaración de independencia el parlamento de Cataluña aprobaría r una ley de consultas y establecería los términos de la pregunta.,contra lo que el Gobierno dispone de recursos paralizantes ante el Tribunal Constitucional que a estas alturas debiera ya haberse pronunciado sobre la declaración parlamentaria soberanista del pasado mes de enero votada por 85 diputados (CiU, ERC, ICV, CUP) y rechazada por 41 (PSC,PP, C´s), cuya suspensión prorrogó el TC indefinidamente el pasado mes de agosto.
Ante lo que se avecina Rajoy debería abandonar su inacción porque el transcurso del tiempo no soluciona el problema sino que lo ha agravado, sobre todo desde que Zapatero cometió aquel error gravísimo de prometer respetar todo lo que viniese del parlament catalán, sin caer en la cuenta de que la soberanía nacional reside en todos los componentes del Estado español y no solo en una fracción de los mismos.
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