Como va en la línea que hemos sostenido, un poco contracorriente e impopular, de comprender la decisión judicial de aplicar a Miguel Carcaño la pena de 20 años de cárcel, la máxima para casos de homicidio, es por lo que reproducimos el artículo de Concha Caballero “Marta y el populismo”. En él se comprende la indignación y rabia de los padres de Marta pero no que este desgraciado caso se convierta en fuente de derecho que propicie cambios en la legislación vigente o que fuerzas políticas –que no hay que recordar en estos momentos, solo hay que repasar algunas de las entradas de este blog para verlos retratados- jueguen con el populismo y la manipulación, e intenten obtener beneficios electorales del dolor de las víctimas, aunque sea a costa de sembrar la inseguridad, el desconcierto y la ira en nuestra sociedad.
Dice Concha Caballero:
“No se me ocurre mayor dolor que el de unos padres que han visto segada la vida de su hija, ni mayor tormento que hurtarles su cuerpo. Llevamos escrito en nuestro inconsciente, desde hace milenios, la necesidad de ese último acto de despedida, por eso el dolor de los padres de Marta es el mismo que el de Príamo, rey de Troya, arrodillado ante Aquiles para que le permita recuperar el cadáver de Héctor; un dolor idéntico a centenares de personajes trágicos de la literatura en busca de ese definitivo adiós.
El caso Marta del Castillo, desde su inicio, contó con una corriente de simpatía que habla bien de nuestra sociedad, de su empatía y de la fuerza reparadora de la solidaridad. Sin embargo, junto a esta fuerza de cariño y de comprensión, fue creciendo una corriente airada que pretendía hacer justicia a base de gritos y de linchamientos y que pone en cuestión, no una resolución judicial, sino las bases del propio Estado de derecho. Es muy fácil, en casos como el que tratamos, aprovechar la irritación que produce en la sociedad el hecho de que un crimen no quede completamente aclarado y la impotencia ante el fracaso en la búsqueda del cadáver para hacer un tipo de política innoble y engañosa.
En estos días han arremetido contra los jueces o contra las leyes pero, si lo pensamos con tranquilidad, ninguno de los dos son los responsables. El verdadero problema para determinar todas las responsabilidades penales en el caso Marta del Castillo es, sin más, la falta de pruebas, hasta el punto de que la base fundamental de la acusación es la propia confesión de Miguel Carcaño. Por eso, con otras leyes o con otros tribunales el resultado hubiera sido muy parecido.
Soy completamente contraria al establecimiento de la cadena perpetua —revisable o no—, en nuestro ordenamiento legal, así como a toda esta corriente que empuja al endurecimiento de condenas. La historia nos ha demostrado que ese tipo de legislaciones no solo no contribuyen a disminuir los crímenes sino que imposibilitan cualquier reinserción. Además, en España, en contra de lo que popularmente se ha extendido, existe una de las legislaciones más duras del llamado mundo occidental, con el cumplimiento completo da las condenas incluido.
Pero imaginemos que existiera la legislación que los impulsores de estas movilizaciones demandan: otra ley del Menor, cadena perpetua y endurecimiento de las penas pero con las mismas pruebas. ¿En qué hubiera cambiado la situación? Prácticamente en nada. La aplicación de estas nuevas leyes sería absolutamente indiferente en el caso Marta del Castillo.
La cadena perpetua, revisable o no, solo se aplicaría a casos en los que concurran una violencia y crueldad extraordinarias, circunstancias que no parece que hayan sucedido en este crimen. En cuanto al endurecimiento de la ley del Menor, en un grado de complicidad, tampoco sería relevante, más allá de coordinar mejor las sentencias. Finalmente, la condena a Miguel Carcaño a veinte años de prisión es la máxima posible para un caso simple de homicidio.
La ira popular se dirige a que hayan salido absueltos algunos de los imputados por complicidad con el crimen. La explicación es simple y llanamente que no hay pruebas fehacientes de su participación o ¿es que los tribunales pueden condenar a ciudadanos sin las suficientes garantías y pruebas de convicción? Si así fuera, deberíamos decir adiós al Estado de derecho y cualquier ciudadano podría ser enviado a la cárcel por una presunción no fundada.
Una cosa es que los padres y familiares de Marta del Castillo expresen su indignación y su rabia y, otra muy distinta, que convirtamos estos sentimientos en una fuente de derecho y de cambios en la legislación”
No, aquí no han ocurrido circunstancias extraordinarias, doña Concha, el crimen de Marta es solamente uno de tantos viles asesinatos cometidos impunemente en España y que no pertenecen a ninguna memoria de la historia, están ahí y por eso es inútil el intento de tergiversarlos. Va siendo hora de preguntarle al pueblo español, referéndum mediante, lo que hay que hacer con los asesinos que lo acucian. No vale rasgarse las vestiduras ni las católicas sotanas cada vez que en Texas, por ejemplo, se ejecuta a un asesino, entre otras cosas porque se está cumpliendo la voluntad del pueblo tejano. Por eso mismo, tampoco es de ley hacer la vista gorda ante las miles de ejecuciones anuales que se llevan a cabo en países con gobierno dictatorial, se llamen China o Irán, grandes y civilizados amigos de la España zapateril. Negocios mandan, claro. Y llamar, presos políticos a los asesinos de ETA, por parte de la gente de Amaiur, en presencia del ministro del Interior y en una democracia establecida, como es la española, dice bien a las claras en qué clase de país estamos. Pero el pueblo español es tonto. O eso se da a entender en algunos escritos. Y es mejor que no vote las leyes que crea justas. Pues qué bien.