Se está ganando el juez Castro fama de indomable, de combativo. El acervo popular que es muy dado a establecer similitudes ya afirma por plazas y tabernas que está, testicularmente hablando, mejor dotado que el caballo de Espartero –ver Estatua de Espartero (Madrid) – donde al parecer al escultor se le fue la mano con el equino dotándolo de unos atributos extraordinarios, o más voluminosos de lo normal, los mismos que se atribuyen al juez Castro al no querer soltar la real presa de la infanta Cristina, a la que imputó y fue desimputada posteriormente a instancias dela Fiscalía.
Vuelve de nuevo a la carga ignorando a Hacienda con el propósito de investigar a la infanta Cristina. Asimismo ha osado entrar en la cacharrería de la Comunidad valenciana preguntando por un tal Camps y una tal Rita, muy amigos ellos de recibir regalos gürtelianos: se solicita en auto del juez Castro a las Cortes Valencianas la certificación de que el expresidente valenciano Francisco Camps y la propia regidora son diputados autonómicos, un paso previo a la posible imputación de los dos políticos por el caso Nóos.
Al parecer la Justiciaestá exigiendo que se la tome más en serio: el juez de la Audiencia NacionalPablo Ruz ha rechazado la petición de anular las grabaciones clave en la trama Gürtel, practicadas por el ex concejal ‘popular’ del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas al cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, al considerar que el edil grabó” actuando en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos»y con la intención de proveerse «de los medios para acreditar el objeto de su denuncia». Peor suerte tuvieron las escuchas del juez Garzón en el mismo caso, consideradas ilegales por sus compañeros, y por las que lo echaron de la carrera judicial, quizá hartos o envidiosos del gran protagonismo del juez-estrella.
Quizá algo de esto le haya pasado al exalcalde de Jerez Pedro Pacheco con quien la Justicia ha saldado viejas cuentas cuando la ridiculizó afirmado que era un cachondeo. Seguramente ahora habrá cambiado de opinión pues ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el ‘caso asesores’ en el que estaba acusado de prevaricación, malversación y falsedad documental. Y don Pedro debe estar dando palma con las orejas: el Ministerio Fiscal había solicitado para él una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el desempeño de cargo público, lo que supuso una rebaja de casi 12 años de cárcel respecto a la petición inicialmente formulada.
