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En 1998, Convergencia y Unió (CiU), imitando a sus homólogos nacionalistas del PNV, haciendo gala de una deslealtad a la Constitución que ya se está haciendo proverbial en estos partidos periféricos y centrífugos, dejó de cumplir el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños.

Unos años más tarde,  el 14 de septiembre de 2004,  el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC),  obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística.

Ahora, en los albores de 2009, El Tribunal supremo le da la razón al TSJC  y obliga a la Generalitat a  que cumpla la Ley de Política Lingüística , aunque no dice nada de que ésta pague por los daños y perjuicios de todo tipo que tal decisión, diez años atrás, ha podido provocar en los damnificados.

El panorama se presenta desalentador, sobre todo si se hace como en el País Vasco en que las sentencias del Alto Tribunal son desobedecidas reiteradamente: creemos que este es el fallo más evidente del Estado de las Autonomías cuyos órganos centrales permiten tantos desafueros, tantas ilegalidades. En el caso de la política lingüística, la Generalitat está privando de un derecho, el de hablar y aprender en centro oficiales la otra lengua oficial, amparada por la Constitución, a, por lo menos, a la mitad de la población de Cataluña.

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