La agrupación ateneísta ‘Juan Negrín’ presenta hoy el ‘Manifiesto del mundo intelectual y académico en favor de la III República’. Entre los firmantes del texto se encuentran personalidades como Ángel Viñas, Vicenç Navarro, Rosa Regás, Isaac Rosa, Juan Carlos Hormigón, Julio Rodríguez Puértolas o el fallecido presidente del Ateneo Carlos París.
Además una manifestación recorrerá este lunes el centro de Madrid para conmemorar el 14 de abril de 1931 y reivindicar la proclamación de la III República ante lo que consideran un «agotamiento del régimen de la Transición» y como forma de «devolver la ilusión y la esperanza a la calle». Los convocantes creen que las Marchas de la Dignidad del pasado 22M supusieron «un punto de inflexión» como inicio de un movimiento que «tiene que desembocar» en un proceso constituyente republicano y federal, «ante el agotamiento del régimen salido de la Transición». A su juicio, esto lo representa el «bipartidismo caduco» que encarnan PP y PSOE, «salpicado por la corrupción y en cuya cúspide se encuentra la Corona, también afectada por graves escándalos».
A su juicio, la presencia de banderas republicanas en las movilizaciones sociales de los últimos meses reflejan «malestar ante el recorte de derechos y libertades» y «una creciente toma de conciencia colectiva acerca de la necesidad de cambiar el curso de la historia e iniciar un camino que conduzca a una nueva Constitución».
Hemos recogido además las palabras de Antonio Barragán, Catedrático Historia Contemporánea, que versan en el aniversario de la República española de su manipulación histórica a base de de criminalizar y demonizar las políticas que los gobiernos republicanos pusieron en marcha y del secuestro del pasado y de la memoria democrática republicana a cargo de la dictadura franquista:
«De nuevo nos encontramos ante un aniversario de la implantación de la II República en España. Aquel luminoso 14 de abril de 1931, como el consiguiente período 1931-36 sería sometido, sin embargo, a una manipulada memoria sobre la base de criminalizar y demonizar las políticas que los gobiernos republicanos pusieron en marcha y que, para los sublevados contra la República en julio de 1936 desembocaban, definitivamente, en la imputación de la responsabilidad de tales políticas en el estallido de la Guerra Civil.
Lo que realmente la dictadura franquista hizo no fue sino un secuestro del pasado y de la memoria democrática republicana, de sus más que importantes logros reales en el orden político, social, cultural y económico, de sus proyectos de reforma de la sociedad española. El proceso del secuestro de la «memoria republicana» sería, sin duda, una de las operaciones mejor diseñadas por los vencedores de la guerra: de su resultado podía depender la inicial estabilidad de la propia dictadura. Cada vez resulta más evidente que el franquismo y su larga duración no solo pueden ser explicados en función de los innegables e intensos procesos represivos desplegados (justicia militar, jurisdicciones especiales de responsabilidades políticas, de represión de la masonería y del comunismo, legislación sobre «bandidaje y terrorismo», de orden público, etc.), ni tampoco por los también importantísimos procesos de control social y político que planteaban la eliminación de toda disidencia, ni siquiera por la evolución de la coyuntura internacional en la que la llamada «guerra fría» jugaría un papel de prioritario para el acomodo del régimen, todos ellos, ciertamente, variables a tener en cuenta.
De lo que los historiadores, a veces, hemos olvidado es que la dictadura, como todas las europeas de la época de entreguerras, contaría desde su propia instauración y lo había demostrado durante la Guerra Civil, con importantes apoyos sociales lo que también incide en su articulación y consolidación definitivas. Apoyos sociales que se nutrían de determinados estratos sociológicos a los que las políticas de modernización y reforma republicanas no les resultaban asumibles, sino todo lo contrario. El desarrollo de la guerra civil, con sus consiguientes secuelas, iba a actuar como elemento cohesionador para estos grupos sociales identificados con las posiciones de los sublevados y que apoyaron en las trincheras y en la retaguardia los valores tradicionales, principios ideológicos e intereses que las políticas republicanas habían intentado cuestionar.
Había que justificar la sublevación contra un Gobierno democrático, el de la República y, al mismo tiempo, demonizar las políticas republicanas como inductoras reales del enfrentamiento civil. Para ello no se reparó en recursos, ni en esfuerzos; la «inteligencia franquista» pronto daría luz a su «Informe-Dictamen sobre la ilegalidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936», que responde a los propósitos del aprendiz de Goebbels español de criminalizar las políticas republicanas, al que se unen otros documentos de no menor calado e intencionalidad, con idénticos propósitos. No contentos con ello, desde los primeros meses de la guerra venía funcionando el Servicio Nacional para la Recuperación de Documentos, que supone la clave de bóveda en el intento de los sublevados de apropiarse de la memoria de la República, de la de sus dirigentes y de sus políticas. Y es que la guerra civil no se libraba solamente en los campos de batalla, ni siquiera en las retaguardias, sino que se extendía a todo tipo de situaciones que tuvieran que ver con el pasado inmediato; cualquier vestigio del período democrático anterior, la II República, iba a ser borrado y aniquilado si podía significar un riesgo para el bando nacional o, secuestrado y reapropiado si, por el contrario, podía representar alguna utilidad; el Servicio de Recuperación, en manos de la dictadura, se convertiría en un potentísimo organismo de secuestro de la memoria y de represión de los vencidos y cuya operatividad, sagazmente actualizada, estaría vigente hasta la muerte del dictador al dictado del siniestro TOP.
Pese a los evidentes silencios que para con las políticas republicanas, para con el significado real de la II República, se plantearon durante la transición e, incluso, durante nuestra actual democracia, no cabe duda de que para un importante sector de la ciudadanía la II República española siempre significó una expresión de lo mejor de nuestra muy precaria tradición progresista y democrática y muchos de nosotros manifestamos nuestra extrañeza de que aun, por parte de cierta publicística o sectores de opinión, cuando se han cumplido 75 años de aquel siniestro 1º de abril del «año de la victoria», aún se continúe con la visión sesgada, demonizadora, alejada de cualquier semejanza con la realidad, de lo que supusieron la II República y su proyecto modernizador de España»
No es ésto, no es ésto.