Ayer habló Felipe González en El País y, entre otras cuestiones, se manifiesta en contra de que a un simple imputado – al que pronto le llamarán investigado- se le impida acceder a integrarse en las listas electorales. Es de sentido común no dejar al país en manos de los jueces, sobre todo los ‘non sanctos’, aquellos que se dejan llevar por su ideología u otros oscuros intereses, como de vez en cuando sucede.
Todos conocemos a señorías que parece que siguen al pie de la letra los acontecimientos y procesos electorales de determinados partidos a golpe de imputación durante largos años, con el peligro de que los auténticos culpables se vayan de rositas. Su sectarismo les ciega y solo es reconocido su trabajo por el partido favorecido y frecuentemente puesto su trabajo en tela de juicio por organismos superiores de la justicia.
Hay que coincidir con Felipe González cuando dice que a veces el criterio de un juez es contradictorio con la representación democrática libre, que se exceden en sus atribuciones cuando creen firmemente que son el corazón del país. Ocurre en España, donde parecen los nuevos señores de vidas y haciendas por el inmenso poder que tienen, sobre todo el de meter a la gente en la cárcel. Se impone por lo tanto organizar el poder judicial, cuya misión es hacer justicia, no imputar para interrumpir las carreras políticas:
«Imagínense que yo soy un juez non sancto, que tengo un criterio político definido y que me dan el inmenso poder de que, por el mero hecho de abrir un procedimiento e imputar a una persona, impido que vaya en una lista. Es fantástico. Si el juez es impoluto, no habría problema, porque se tomaría muy en serio cuáles son los efectos que eso produce, pero puede no serlo.»
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