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Algo se tendrá que hacer por ese 25 por ciento de hombres que forman parte del total de las víctimas mortales por la violencia doméstica y que no están amparados por ninguna ley específica porque sólo las mujeres son consideradas víctimas de la violencia de género.
Estos datos provienen de una fuente tan poco sospechosa como es el Consejo General del Poder Judicial y lo preocupante es que estas cifras van en aumento: en 2007 en porcentaje de hombres fallecidos era el 16,1 %, en 2008, el 25, 6, con un aumento del 9,5 %.

Ante estos alarmantes datos, que son ya bastante consistentes, no estaría de más crear otra ley paralela, que por leyes no quede, que se llamaría “Ley de Violencia de Género Femenino”.

Y a la vista de que en la  nueva sociedad que está surgiendo en el mundo occidental-en los otros no ha lugar porque o no existen o son ajusticiados por sus leyes-  se producen uniones maritales en las que la especie no puede propagarse porque los miembros de dicha sociedad conyugal son del mismo sexo y que ya han comenzado a producirse las primera víctimas mortales, se hace necesario ir pensando en fabricar una tercera “Ley de Violencia de Género Gay”

Aunque si con la primera ley de violencia de género a secas ya han comenzado a levantarse voces en contra, contra esta tercera que preconizamos da miedo pensar la actitud de la caverna mediática. Para no pillarnos los dedos y  para abreviar, prometiendo volver sobre el asunto, exponiendo algunos casos sangrantes en que abundan las víctimas de denuncias falsas, le cedemos la voz a una juez, con más autoridad y blindaje que el de un humilde bloguero.

Así María Poza, jueza titular del juzgado número 4 de Murcia, fue la primera persona que puso la Ley Integral contra la Violencia de Género contra las cuerdas: considera que el hecho de que la ley imponga distintas penas en función de que el agresor sea hombre o mujer vulnera tres artículos de la Constitución, entre ellos el principio de igualdad. Si un hombre agrede a una mujer y le provoca lesiones físicas o psíquicas, su condena oscila de dos a cinco años de prisión. Si la violenta es ella, el castigo es de seis a tres años de prisión. Si se denuncia una lesión leve, una amenaza o una coacción es delito de seis meses a un año si el demandado es un varón. Al contrario, ellas son castigadas con arresto de fin de semana o con una multa.

(continuará)

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