Lluís Companys

Hoy se han cumplido 80 años de un hecho que tuvo lugar en Barcelona: la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys: A las ocho y diez minutos de la tarde del 6 de octubre, Lluís Companys apareció en el balcón de la Generalidad acompañado de sus consejeros y proclamó «l’Estat Català de la República Federal Espanyola»:

«¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. (…)
Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica»

Tras pronunciar el discurso Companys comunicó sus propósitos al capitán general de Cataluña y general en jefe de la IV División Orgánica, con sede en Barcelona, el general Domingo Batet, catalán de ideas moderadas, pidiéndole que se pusiera a sus órdenes «para servir a la República Federal que acabo de proclamar». El general parlamentó entonces con Enrique Pérez Farrás, el jefe de los Mossos d’esquadra, para que se presentara en la Capitanía y se pusiera a sus órdenes. Éste le respondió que sólo obedecía al presidente de la Generalidad. Batet habló a continuación con el presidente del Consejo de Ministros, Lerroux y, siguiendo sus órdenes, proclamó el estado de guerra aplicando la Ley de Orden Público de 1933. Cerca de las once de la noche, una compañía de infantería y una batería del regimiento de artillería llegó a la Rambla de Santa Mónica y cuando el capitán se dispuso a leer el bando de proclamación del estado de guerra, desde el local del CADCI empezaron a disparar resultando muertos un sargento y heridos otros siete militares. La repuesta fue el bombardeo de artillería sobre el centro resultando muertos Jaume Compte, Manuel González Alba y Amadeu Bardina, dirigentes del Partit Català Proletari. El resto se rindieron a la una y media de la madrugada del día 7 de octubre.22
Unas horas antes, hacia las diez de la noche del día 6, una compañía de artillería había ocupado la Plaza de la República (actual Plaza de Sant Jaume) informando a Pérez Farrás sus jefes de que tenían órdenes de tomar los dos edificios oficiales. Tras un tiroteo, los mossos d’esquadra se replegaron al Ayuntamiento. Mientras, Dencàs, Badia y otros miembros de ERC, junto con unos ochenta guardias y un centenar de hombres pésimamente armados, se hicieron fuertes en la Comisaría de Orden Público de la Vía Layetana frente el asedio al que le sometieron las tropas que habían salido de Capitanía. El general Batet, a pesar de tener órdenes estrictas de atacar por parte del ministro de la Guerra, y a sabiendas de que tenía la situación completamente controlada, dejó pasar el tiempo esperando reducir a los rebeldes. A las seis de la mañana, Companys comunicaba a Batet su rendición.

Sobre las siete de la mañana del 7 de octubre las tropas entraron en el Palau de la Generalitat y detuvieron a Companys y a su gobierno y a los diputados Josep Tarradellas, Antoni Xirau, Joan Casanellas, Estanislau Ruiz, y al presidente del parlamento Joan Casanovas. Acto seguido detuvieron también en el Ayuntamiento al alcalde Carles Pi i Sunyer y a los concejales de ERC que le seguían. Los apresados fueron trasladados al buque Uruguay anclado en el puerto de Barcelona y reconvertido en prisión.

En la fracasada rebelión murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares. Más de tres mil personas fueron encarceladas, la mayoría de ellas en el vapor «Uruguay», y puestas bajo la jurisdicción de los consejos de guerra. Los militares que habían formando parte de la insurrección, el comandante Enrique Pérez Farrás y los capitanes Escofet y Ricart, fueron condenados a muerte, siendo su pena conmutada por la de prisión perpetua por el presidente de la República, Alcalá Zamora, a pesar de las protestas tanto de la CEDA como del Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez, que pedían mano dura. El presidente y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales y fueron condenados por «rebelión militar» a treinta años de prisión, que cumplirán, unos en el penal de Cartagena y otros en el del Puerto de Santa María.

La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley aprobada el 14 de diciembre a propuesta del Gobierno (la CEDA exigía la derogación del Estatuto) y la Generalidad de Cataluña fue sustituida por un Consell de la Generalitat designado por el Gobierno y con un presidente denominado gobernador general de Cataluña. En abril de 1935 se levantó el estado de guerra y algunas de las competencias de la Generalitat le fueron devueltas, pero no las de Orden Público.

80 años después podría parecer que algunos quieren reproducir una situación similar ya que al día de hoy se están dando indicios de que el propulsor Mas estaría reculando: la fecha de la consulta no sería el emblemático 9-N por lo que, además, se siente acosado por ERC y la CUPle.
Precisamente, hoy también, el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz ha afirmado que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, está alimentando la confrontación, la división y la fractura interna de Cataluña, tachando de «gravísima irresponsabilidad» que junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, quiera llevar a otro octubre de 1934, , cuando Lluis Companys desafió al Gobierno de la República y proclamó el estado catalán.

¿Es, por todo ello, Mas es un prevaricador? Fernández Díaz dice que «eso corresponde determinarlo a los jueces», pero subraya que «el Gobierno no tolerará que se vulnere la ley», vulnerada ya de facto tras la firma del decreto que desarrolla la junta electoral del 9-N. También afirma que espera que el presidente de la Generalidad «también cumpla la ley sin subterfugios ni ingenierías legislativas».

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