Una vez que el Parlament catalán ha conseguido su pírrica victoria, que se puede contar en votos casi con los dedos de una mano, que consiste en que a partir de 2012 sus ciudadanos, amantes de la fiesta reglada de los toros, tendrán que emigrar a territorios vecinos, como Aragón, como Valencia, como el Sur de Francia, una vez que se han quitado de encima un símbolo tan español como las corridas de toros, en las que el cornúpeta es lidiado a veces artísticamente y muerto después de unos 20 minutos de batalla con el, a veces, refinado intérprete del arte de Cúchares, después de cinco años de vida privilegiada en un escenario idílico –habrá que hacer un seguimiento a sus compañeros hasta que entran en el matadero y salen despiezados para ser convertidos en filetes por si no sufren una muerte digna-…
Después de todo este paripé en que se han salido con la suya, la Generalidad hace de su capa un sayo y en un ejercicio de hipocresía y cinismo sin igual se quita de en medio esos escrúpulos y ha autorizado, en un número de 200, una serie de actos en que el animal objeto de su prohibición político-inquisitorial es vejado, humillado y desprovisto de toda la dignidad a que tiene derecho todo ser vivo -y más si tiene casi los mismos genes que nosotros- y torturado a lo largo y ancho del territorio que la Constitución ha puesto bajo su tutela.
Pero estas prácticas bárbaras que tanto regocijo causan en muchos y a los que los mugidos de protesta del animal le causan más risas si cabe, sazonado todo con ingentes cantidades de alcohol, de momento no corren peligro de que sean prohibidas porque “han alzado con firmeza la voz alcaldes, diputados, senadores y asociaciones protaurinas y ganaderas de las comarcas del Ebro que ven amenazado su ancestral festejo. Los parlamentarios convergentes de la zona arrancaron incluso la semana pasada a su líder Artur Mas un compromiso público en favor del blindaje” aunque el grupo Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) haya presentado un contencioso-administrativo contra los correbous al argumentar que la Ley de Protección de los Animales prohíbe que se inflija daño a los animales al tiempo que les reconoce «sensibilidad física y psíquica», por lo que prohíbe causarles «sufrimientos, ansiedad o miedo».
