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Algo de eso podría deducirse si contemplamos la presente campaña y ante la virulencia con que los sindicatos están siendo atacados por ciertos políticos y cierta prensa de indefinible adscripción ideológica nos hemos informados de que “la Constitución Española de 1978 configura la derecho fundamental como un derecho fundamental en su artículo 28.1, brindándole la especial protección y garantía de los derechos constitucionales de la sección 1ª del capítulo 2º: reserva de ley orgánica, respeto al contenido esencial y doble tutela judicial. La Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical (LOLS) es la encargada del desarrollo legislativo del artículo 28.1 CE”
Hay que pensar por tanto que determinados sujetos que se dedican al periodismo o a la política se ciscan –imitando el escatológico lenguaje de nuestro académico Pérez Reverte– en el vigésimo octavo punto uno artículo de nuestra maltratada Constitución a tenor de lo que leemos:
El Periodista Digital excreta los siguientes titulares:
– Los 57.000 liberados legales cuestan más de 1.600 millones al año
– Periodistas pro-PSOE defienden a vagos sindicales atacando a Aguirre
– La mitad de los parásitos sindicales cobra suculentos sobresueldos
en donde además de vagos y parásitos se les llaman otras cosas más hirientes.
Aguirre usando la demagogia “ para conectar con esa parte del electorado que identifica sindicalismo con holgazanería» –que son muchos-, pero lo que en realidad pretende es «colocar los focos mediáticos lejos del caso Gürtel, del deterioro de la sanidad o de la educación, de las tropelías urbanísticas» que es lo que más preocupa a los ciudadanos y no esas boberías de estoy en el paro, se me acaba el desempleo, no hay manera de encontrar trabajo y además no llego a fin de mes. ¿A quién le importan esas pequeñeces teniendo un Gürtel delante? (Jesús Maraña)
El Mundo: “el Gobierno no suelta prenda sobre el número de liberados, parece que el Ejecutivo quiere elevar ese dato al mismo nivel de opacidad que los papeles del Cesid o el análisis de los explosivos del 11-M y convertirlo en secreto de Estado». «Los ciudadanos tienen derecho a saber cuántos recursos destina el sector publico a los sindicalistas que cobran sin trabajar y negarse a aceptar ningún recorte social mientras exista este gasto superfluo».
En La Gaceta, Javier Algarra : «ya va siendo hora de que las centrales se financien con las cuotas de sus afiliados y que no nos obliguen a los demás a costear sus juergas. Por cierto ¿alguien sabe cuántos afiliados tienen los sindicatos UGT y CCOO? Sin duda alguna, es el secreto mejor guardado después de la fórmula de la Coca Cola”
La Razón: «La ciudadanía tiene la impresión de que las centrales UGT y CCOO han devenido en maquinarias burocráticas engrasadas por subsidios, subvenciones y otras sinecuras pagados con dinero publico» y «no han tenido a bien reducir sus ingentes presupuestos». «Hay que reconocerle a Esperanza Aguirre el coraje y la determinación que ha demostrado al abordar una reforma que solivianta a los intocables sindicatos».
