Ayer Javier Arenas afirmó que llegará el momento en que habrá que demandar explicaciones y responsabilidades al Gobierno por todo lo que ha acontecido en torno a este caso. También la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, en nombre de su partido, afirma que se van a exigir responsabilidades políticas al Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico por los «fallos garrafales» que se han producido en el caso del asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.
En rueda de prensa, Oña ha dicho que en el caso de la joven Marta del Castillo, están afectando al «esclarecimiento» de los hechos y de cuyos fallos “garrafales”, como la avería en los laboratorios de ADN de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, lo que, según apuntó, retrasó la detención del presunto asesino de la joven Marta del Castillo, fallos de los que no culpa a policías y jueces a los que respeta sino que traspasa la responsabilidad política al Gobierno, nacional y autonómico, por la falta de medidas, su complacencia perpetua y su silencio culpable ante los mismos. Piensa Oña que no puede aceptarse que en una comunidad desarrollada como Andalucía existan equipos de ADN que están estropeados, lo que pudo retrasar la detención del presunto asesino y ello haya dado tiempo a éste y sus presuntos cómplices a diseñar coartadas y estrategias.
Si Elena Salgado ya le contestó a Arenas sobre su oportunismo, la consejera de Justicia en funciones de la Junta, Evangelina Navarro, antes las dos intervenciones de los dirigentes populares ha asegurado que «es una irresponsabilidad muy grande la que se está haciendo en este asunto por parte de algunos dirigentes políticos», la de sacar pecho en el caso de Marta del Castillo.
Y sobre la resolución del caso poca o ninguna novedad. Si acaso que una llamada sitúa a la novia de Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, en el piso de León XIII a las 2.00 horas del 25 de enero y a su pareja en Luis Montoto, calle en la que tiene el bar. Un dato que confirma lo que la joven, última imputada por el juez, mantiene en el juzgado, pero abre otras incógnitas.
O la de que en la Policía hay una consigna general de silencio absoluto sobre los inconvenientes que se encontraron en la investigación a partir de la avería de los equipos de ADN y de cómo pudo influir en todo el operativo del caso. Silencio que contrasta con la alegría con la que se difundían en algunos medidos datos claves de la investigación a diario, lo que llevó incluso al juez a apercibir a los mandos policiales y autoridades cuya gestión ahora está en solfa.
