Al parecer no hay en España una norma escrita y clara que regule los pinchazos telefónicos para obtener una información que los sospechosos de quebrantar la ley no van a dar motu proprio sobre todo con la legislación vigente que le da al detenido el derecho a permanecer callado o a no declarar en su contra: ahora mismo ignoramos si les está permitido mentir sin cometer un acto delictivo, como sí les ocurre a los testigos.
Al parecer, si no existe esa norma todo queda al libre albedrío de sus señorías en los tres casos que ahora mismo me vienen a la memoria en que los acusados, o de crímenes o de delitos económicos, son medidos con distintas varas según el juez que les haya tocado en suerte o desgracia. Todo ello da lugar a tantas suspicacias como casos y a que la confianza en el poder judicial se vaya deslizando por las laderas del descrédito más absoluto: el vulgo cree poco en la justicia porque dicen que sólo pisa la cárcel el delincuente de medio pelo, el ladrón de gallinas o el de los pequeños hurtos, sobre todo cuando estos se suman. Los ladrones de cuello blanco, de grandes sumas, con conexiones con el Poder, difícilmente son enchiquerados porque son defendidos por los grandes bufetes de picapleitos.
En el caso de Marta del Castillo SI han estado autorizadas las escuchas telefónicas:
“Las intervenciones telefónicas a los imputados llevaron el jueves pasado a un registro del domicilio de Samuel B.P., amigo del asesino confeso que está acusado de ayudarle a deshacerse del cuerpo de Marta, en busca de un supuesto anillo de la joven asesinada. El registro fue fruto de una conversación intervenida entre Samuel y su madre en la que se referían a un anillo que el joven tenía guardado en una riñonera, pero luego se supo que se referían a un sello de oro, propiedad del padre de Samuel, que el joven utilizó en el verano de 2008 y del que se apoderó Miguel”
En el caso Gürtel NO se han autorizado y es uno de los motivos por los que el juez Garzón que las autorizó se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricación.
Sin embargo en el caso Palma Arena, en el que están imputados el ex presidente balear y ex ministro Jaume Matas, el juez instructor ha rechazado decretar la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas entre octubre y marzo pasado a varios imputados incluido el propio Matas.
